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Mientras Karina Milei consolida su influencia en el Senado, Patricia Bullrich acelera la convocatoria a una sesión para avanzar en la aprobación de una treintena de pliegos judiciales, con el objetivo de cubrir alrededor de 100 cargos designados por el gobierno de Javier Milei. Entre los candidatos que buscan el aval de la Cámara alta se encuentra Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, quien asumiría el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Este tribunal investiga al exintendente Martín Insaurralde y a Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito.
Para impulsar este plan, Bullrich forzó la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria, que Victoria Villarruel fijó para este miércoles al mediodía. El objetivo es definir el temario de la sesión que La Libertad Avanza pretende realizar el 16 de julio. Además de los pliegos judiciales y diplomáticos, se incluirían proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como la inviolabilidad de la propiedad privada y disposiciones relacionadas con la «hojarasca».
La realización de la sesión está en duda, debido a que senadores aliados podrían no asistir al Congreso por el inicio del receso invernal en sus provincias, lo que pondría en riesgo el quórum necesario para el debate. Además, persisten diferencias en torno a la propuesta de propiedad privada, especialmente en lo referido a la venta de tierras a extranjeros, los desalojos exprés y las leyes ambientales.
Bullrich mantiene contactos contrarreloj con aliados para acordar el temario, tras la visita la semana pasada del jefe de Gabinete, Diego Santilli, destinada a conseguir apoyo del sector opositor afín. En esa reunión se analizó la reforma de Zonas Frías, que cuenta con media sanción en Diputados, pero está estancada en el Senado.
Más allá de los proyectos de ley, la sesión genera expectativa porque el oficialismo pretende incluir cerca de 30 pliegos judiciales con despacho favorable de la comisión de Acuerdos. Entre ellos, el de Juan Rodríguez Ponte, quien debería tomar a cargo el juzgado de Lomas de Zamora actualmente vacante y subrogado por el juez de Quilmes, Luis Armella.
Dicho juzgado tramita dos causas de alta repercusión: una investigación sobre la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero y defraudación en una operación vinculada a la AFA y a Claudio «Chiqui» Tapia; y otra que involucra al exintendente Insaurralde y su expareja Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito.
Uno de los casos que más inquieta al Ejecutivo es el del juez de la Cámara Nacional del Trabajo, Víctor Pesino, cuestionado por la CGT tras rechazar una medida cautelar contra la reforma laboral y ordenar posteriormente la intervención de la UOM. Pesino busca renovar su cargo por cinco años, pero su pliego debe ser aprobado antes del 27 de julio, cuando cumple 75 años, edad límite para ejercer la magistratura. De no avanzar la aprobación, tendría que jubilarse.
Si el oficialismo logra aprobar estos pliegos, el Gobierno habrá cubierto más de 100 de las aproximadamente 300 vacantes existentes en el Poder Judicial al inicio de la gestión de Milei. En una sesión de mayo, el Senado ya había avanzado con 74 nominaciones, entre ellas la de María Verónica Michelli, rechazada por Milei por ser cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.
Hasta el momento, el Ejecutivo confirmó la designación de 60 candidatos, pero dejó pendiente la nominación de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien investiga el caso $LIBRA, en el que están mencionados el presidente y su hermana Karina Milei. Juan cuenta con el respaldo del Senado para hacerse cargo del juzgado federal de Hurlingham.
